La realidad siempre cambia en función de la perspectiva, el cristal con el que se mira y los datos que uno posee para formarse una opinión. El portavoz municipal de Ciudadanos, Jesús Gimeno, ha emitido un comunicado en el que exige al equipo de gobierno responsabilidades porque dos expedientes iniciados en 2019 costarán finalmente 3.615.426,12 euros, cuando el valor de las expropiaciones asciende a 2.964.394,30 euros.
Su denuncia habla de “el elevado sobrecoste que tendrán que asumir las arcas municipales como consecuencia del retraso en la tramitación de dos expedientes de expropiación urbanística que se vienen arrastrando desde 2019. Lo preocupante no es pagar las expropiaciones que corresponden legalmente. Lo verdaderamente grave es que, después de seis años de tramitación, los vecinos de Moncada tengan que asumir un sobrecoste de más de 651.000 euros únicamente en intereses de demora por la inacción del equipo de gobierno
Donde unos ven sobrecoste otros ven ahorro
La vicealcaldesa y concejala de Hacienda, Amparo Orts, ha defendido la gestión realizada por el gobierno municipal durante su primera legislatura como alcaldesa frente a las críticas vertidas por Ciudadanos sobre dos expedientes de expropiación rogada, y ha asegurado que «los datos demuestran que el Ayuntamiento actuó con responsabilidad y defendiendo el interés general, evitando un desembolso de más de cuatro millones de euros para las arcas municipales».
Los expedientes se remontan a noviembre de 2016, cuando la mercantil Cepisa Hogares presentó una solicitud de expropiación rogada de dos parcelas de 1.805 y 4.237 metros cuadrados, reclamando al Ayuntamiento un total de 6.740.927,28 euros.
Dos meses después, en enero de 2017, la Generalitat Valenciana aprobó una disposición transitoria de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que suspendía los plazos de las expropiaciones rogadas para los municipios de la Comunitat Valenciana. Como consecuencia de esa modificación legislativa, la tramitación quedó legalmente suspendida durante varios años.
Durante ese periodo, la mercantil presentó en 2019 una hoja de aprecio manteniendo su valoración inicial, que fue desestimada por el Ayuntamiento al continuar vigente la suspensión de plazos. Posteriormente, en 2021, interpuso un recurso contencioso-administrativo que fue igualmente desestimado por los tribunales.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 168/2023, que declaró inconstitucional la moratoria y permitió reactivar estos procedimientos, el Ayuntamiento presentó su hoja de aprecio ante el Jurado Provincial de Expropiación valorando los terrenos en 2.503.641,48 euros. Finalmente, en febrero de 2025, el Jurado fijó el justiprecio definitivo en 2.723.839,34 euros, una cantidad muy próxima a la defendida por los servicios técnicos municipales. La diferencia entre la reclamación inicial de la propiedad y la cantidad finalmente fijada supone un ahorro de 4.017.087,94 euros para las arcas municipales.
