El juez Jorge Víctor Iglesias de Baya, titular del juzgado de lo mercantil nº 2 de Valencia, en el que se sigue la causa del concurso de acreedores de la mercantil Promoción Económica de Moncada, S.A, (PEMSA), a la que Hacienda calcula una deuda de unos 3,3 millones, ha ordenado al administrador concursal, Broseta Abogados, el inicio de la venta de los activos de la sociedad.
Entre estos activos que salen a la venta se encuentran las instalaciones de Pemsa en el Polígono Moncada II (Barrio del Pilar), compuesto por un edificio de oficinas y sede social de la sociedad, naves industriales del extinto Centro Especial de Empleo y otras naves, donde en su momento se instaló el Vivero de Empresa. Asimismo la sociedad poseía un bajo comercial en la Plaza Mestre Palau, reconvertido posteriormente en Sala de Exposiciones y un terreno entre las calles Gómez Ferrer, Avda. Mediterrànea y Badía anexo al Cuartel de la Guardía Civil de Moncada.
Pemsa la joya de la corona reducida a cenizas
Pemsa nace a finales de los años 80 del pasado siglo como empresa de intervención urbanística de suelo industrial. Su primera actuación fue la creación del Poligono Industrial Moncada II en el barrio de San Isidro de Benageber, a 3,5 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Moncada.. Entró en funcionamiento entre 1990-1991 sobre una superficie industrial de 80.000 metros cuadrados y en el se instalaron 43 empresas.
La inauguración en 1990 de la circunvalación de Valencia de la autopista A-7, conocida popularmente como By-Pass supuso un acicate para la creación, por parte de Pemsa, de un nuevo poligono industrial. El Polígono III de Moncada, cuya inauguración tuvo lugar el 18 de junio de 2001, supuso la creación de un área industrial cercana a los 270.000 m2, con la instalación de 72 empresas.
En los años que transcurren desde el 2000 hasta el 2016, año de la caida de Pemsa, esta sociedad mercantil se convirtió en un juguete de los dirigentes políticos avidos por buscar la foto y demostrar a todos el perfil social de sus políticas. Pemsa crea un Centro Especial de Empleo en 2001 que llegó a contar con 53 trabajadores con discapacidad en el momento de su cierre en 2016. Fue uno de los primeros Centros Especiales de Empleo creados en la provincia de Valencia, y modelo que después siguieron muchos otros municipios, hasta que la crisis que se inicia en 2008 y la falta de subcontratación de trabajos manuales cada vez más mecanizados, hacen que este centro que daba empleo a los discapacitad@s y personas con mobilidad reducida, terminará langideciendo
Pero si hay una circunstancia que marca un antes y un después en el devenir de Pemsa, es la ampliación del Poligono Moncada III sobre una superficie total de 820.000 m2, de los cuales 492.000 correspondían a parcelas industriales, estando prevista la implantación de 200 empresas y la generación de 400 empleos directos. La urbanización de esta ampliación nunca llego a llevarse a cabo a pesar de que el entonces Alcalde de Moncada, Juan José Medina, puso la primera piedra en 2011 y nunca más se supo.
La situación se complica cuando Pemsa, que era propietaria de una serie de parcelas en la amplicación del Polígono Moncada III, vende al menos seis de ellas a diversos compradores entre el 3 de diciembre de 2010 y el 11 de enero de 2012 mediante sendos contratos que en ningún momento fueron elevados a escritura pública. El total de esas ventas ascendieron en su momento a 1,35 millones, de los 3,34 millones que la mercantil preveía ingresar por ventas.
Pero el 3 de diciembre de 2013 se produce un hecho cuanto menos sorprendente. En una notaría de Moncada el gerente de Pemsa otorga escritura pública por la que la mercantil hipotecaba, a pesar de los seis contratos anteriores, estas fincas como garantía de un préstamo con Bankia por importe de 1,86 millones de euros.
Un día antes de que Ignacio Orero, Gerente de Pemsa acudiera al notario, el 2 de diciembre , la operación había sido autorizada por el pleno municipal con el voto a favor de los 12 concejales del gobierno del PP y los 9 en contra de la oposición.
Esta operación hipotecaría y mobiliaria provoca que la Fiscalía de Valencia formulara en 2016 una querella por un presunto delito de estafa, tras la denuncia de un propietario que había comprado una de esas seis parcelas, contra los miembros del Consejo de Administración de Pemsa y que el juez Joaquín Bosch iniciara una investigación. De los políticos querellados, cuatro forman parte de la actual corporación municipal: el portavoz del grupo popular, Miguel Gallego, los concejales del PP Mª Dolores Muñoz y Miguel Benítez, así como el portavoz de C’s, Jesús Gimeno.
Juan José Medina (que dimitió como concejal en enero de 2016 tras su detención en la operación Taula) apuntó en su declaración ante el juez hacia el gerente de la empresa municipal y a los técnicos al asegurar que el primero no les informó de que las parcelas con las que se avaló el crédito para Pemsa ya estaban vendidas, y recordar que los segundos (el interventor y la secretaria) informaron a favor de la operación.
Gallego, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Moncada, y Jesús Gimeno, portavoz de CS coinciden en señalar que se trata de un «asunto administrativo» y que «la actual alcaldesa Amparo Orts denunció la actuación del anterior gobierno «con un fin completammente político«.
El ERE del Centro Especial de Empleo
La caja única de Pemsa su empeño en obras faraónicas y su descapitalización progresiva, provocó en 2016 la extinción de los 53 puestos de trabajo del Centro Especial de Empleo (CEE), tras descartar la posibilidad de que este servicio, que daba trabajo personas con discapacidad de la localidad y la comarca pasase a estar gestionado por la otra mercantil municipal, Moncada Servicios Urbanos (MSU).
El actual equipo de gobierno presidido por Amparo Orts, defendió la adopción del ERE que suponía la extinción de la actividad, como la mejor salida para los trabajadores, ya que así podrían cobrar el salario que llevaban bastantes meses sin cobrar.
Descartaron también la posibilidad de que MSU asumiese la gestión del CEE, con su deuda y aunque fuera con sólo una parte de la plantilla, porque el plan de viabilidad impuesto por el Ministerio de Hacienda, también impuso la disolución de Pemsa por arrastrar durante dos años seguidos un remanente de tesorería negativo que superaba los 3,5 millones de euros.
Fotografías: Archivo Gent de L´Horta
