Juan José Medina, exalcalde de Moncada y ex vicepresidente primero de la Diputación de Valencia, fue ayer uno de los 24 detenidos en la denominada Operación Taula, una investigación contra la trama de amaño de contratos y saqueo de fondos públicos desde 2003 hasta 2015, desarrollada por dirigentes del Partido Popular de Valencia. Tras veinte meses de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil, la operación se desplegó ayer con la detención de 24 personas personas del entorno de Alfonso Rus (ex presidente provincial) y Rita Barberà (ex alcaldesa de Valencia). El propio Rus fue uno de los detenidos, junto al otro vicepresidente, Máximo Caturla; la exconcejal de Valencia María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II el Just, Vicente Burgos; el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo; el ex alcalde de Genovés y mano derecha de Rus, Emilio Llopis; la secretaria municipal del PP en Valencia, Mari Carmen García Fuster, y David Serra, exvicesecretario de Organización del PP valenciano, entre otros. De las veinticuatro personas detenidas hay nueve relacionadas directamente con la política, doce empresarios, dos arquitectos y un exempleado del Ayuntamiento de Valencia, actual asesor del PP. Los miembros del Partido Popular detenidos fueron ayer inmediatamente expulsados del partido.
El ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, ha sido, con sus declaraciones y grabaciones (casi diez horas), el hilo conductor que ha permitido desarticular la trama de e cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos y el desvío de fondos irregulares al partido. Los detenidos empiezan hoy a prestar declaración, ante la duda de si el cerco judicial llegará también a Gerardo Camps (ex vicepresidente del Consell) y Rita Barberà (ex alcaldesa de Valencia), ambos aforados al ser diputado y senadora respectivamente, por lo que la causa pasaría al Tribunal Supremo de Justicia.
En total se practicaron 24 detenciones, 33 registros en domicilios particulares y en sedes de empresas e instituciones (como Ciegsa, el Ayuntamiento de Valencia o la Fundación Jaume II El Jus) y privadas, como la empresa Engobla, que tendría un papel destacado como supuesta lavadora y blanqueadora de fondos.
El periódico Gent de l’Horta continuará ampliando la información sobre el caso.
